El Gobierno abre un nuevo frente de conflicto con los gobernadores por la energía

El Gobierno de Javier Milei se enfrenta a un nuevo desafío en medio de las negociaciones para el Pacto del 25 de Mayo, ya que CAMMESA, la empresa mayorista de energía, comenzó a reclamar pagos atrasados a las provincias y cooperativas eléctricas, con facturas que muestran aumentos de hasta un 150%. Esta controversia generó tensiones en varias regiones del país, comenzando por Chubut y Entre Ríos, donde las deudas y los aumentos en las tarifas son muy elevados.

En Chubut, el gobierno provincial y varias ciudades importantes fueron intimados a pagar una deuda total de casi $59 mil millones a CAMMESA, mientras que en Entre Ríos, las cooperativas eléctricas enfrentan facturas mensuales que superan los $500 millones. Esta situación llevó a que algunas empresas solo puedan abonar una parte de sus deudas, optando por pagos en cuotas para afrontar los aumentos.

Desde CAMMESA avanzaron con intimaciones judiciales no solo contra las compañías eléctricas, sino también contra las provincias y municipios, buscando embargar cuentas y bienes de aquellos que sean deudores. Por ejemplo, en Chubut, la cooperativa 16 de Octubre ha sido embargada por incumplimientos de los municipios de Esquel y Trevelin, que actúan como garantes.

Asimismo, el malestar crece en el interior ya que trascendió que las distribuidoras que operan en el AMBA mantienen deudas superiores: EDENOR le adeuda a la mayorista $ 127 mil millones, mientras que el pasivo de EDESUR asciende a $ 72.500 millones.

Aumento del 150% en precio mayorista de electricidad

A la par de estas deudas, se registró un significativo aumento del 150% en el precio mayorista de la electricidad, lo que impacta directamente en las facturas de consumidores y empresas. En provincias como Formosa, los usuarios enfrentan incrementos considerables, generando incertidumbre sobre cómo trasladarán este aumento a los usuarios.

Estos conflictos no son exclusivos de una región en particular, sino que se extienden a lo largo del país, con aumentos desproporcionados en tarifas eléctricas que afectan a diversos sectores. Ante esta situación, algunos gobernadores han tomado medidas como la suspensión temporal de las actualizaciones tarifarias, como en el caso de Salta, lo que podría sentar un precedente en el proceso de normalización de las deudas entre las distribuidoras eléctricas y CAMMESA.

Este nuevo conflicto se suma a otros desafíos financieros que enfrentan las provincias, generando preocupación sobre la continuidad de los fondos que reciben del Gobierno nacional para distintos fines, como el pago de salarios docentes y el transporte. La incertidumbre persiste sobre cómo se resolverán estas cuestiones y qué impacto tendrán en el equilibrio financiero de las regiones afectadas.